El 23 de marzo de 2006 amaneció como un jueves cualquiera en Santa Cruz de las Flores, una pequeña comunidad rural en las montañas de Oaxaca, México. El cielo estaba despejado. Para José Ángel Mendoza, de 43 años, y su esposa María Guadalupe Cruz, de 39, el día comenzó con la rutina de siempre. Eran un matrimonio sencillo, querido por todos; él, un campesino que cultivaba su milpa (maíz, frijol y calabaza) en la tierra heredada de su padre; ella, una mujer que complementaba los ingresos vendiendo memelas y tlayudas en un comal junto a un horno de leña en el patio.

Esa mañana, su hijo menor, Pedro, de 16 años, se despidió alrededor de las 6:30 para ir a la escuela en la cabecera municipal. “Mi padre estaba tomando café… Mi madre estaba en la cocina, preparando la masa. Fue un día normal. Nada parecía diferente”, relataría el joven más tarde a las autoridades.

Los vecinos vieron a José Ángel salir hacia su milpa a las 7:15, con su azada y una cantimplora. María Guadalupe fue vista por última vez por Doña Josefina, una vecina, alrededor de las 9:00. “Estaba en el patio, junto al horno, preparando sus memelas. Me saludó con la mano. Sonriente, como siempre”, contó.

El misterio comenzaría esa tarde. Pedro regresó de la escuela a las 17:00 y encontró la casa vacía. No se alarmó de inmediato. Pero cuando cayó la noche y sus padres no volvieron, la preocupación se instaló. A las 20:00, corrió a casa de Doña Josefina. “El niño llegó desesperado”, dijo ella. Esa noche, los vecinos iniciaron una búsqueda improvisada con lámparas, sin éxito.

A la mañana siguiente, el 24 de marzo, la situación era alarmante. La cama estaba intacta. En la milpa, la azada de José Ángel estaba apoyada en un árbol y su cantimplora, medio llena. En la casa, la masa para las memelas estaba seca sobre la mesa y el horno de leña tenía cenizas recientes. Se notificó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

El acta de desaparición registrada esa tarde fue el inicio de uno de los casos más desconcertantes y trágicos en la historia reciente de la región.

La década del limbo y la impunidad
La primera inspección ministerial no encontró nada. La casa estaba ordenada, las puertas intactas y los pocos objetos de valor seguían allí. No parecía un asalto. “Es como si simplemente se los hubiera tragado la tierra”, comentó un agente.

Perros rastreadores traídos de la capital del estado no pudieron encontrar un rastro. Los hijos mayores del matrimonio, Carlos (24) y Ana (22), regresaron inmediatamente de sus trabajos en la Ciudad de México para cuidar de su hermano y ayudar. “No tenía sentido. Nuestros padres no tenían enemigos, no estaban metidos en nada ilícito”, declaró Carlos a la prensa local.

La investigación inicial, dirigida por el fiscal regional, exploró varias líneas. Se supo que José Ángel había rechazado recientemente, aunque amistosamente, una oferta para vender su propiedad. El comprador era Ernesto del Valle, un poderoso empresario y cacique local, interesado en expandir sus tierras para un ambicioso proyecto de plantación de agave. La propiedad de los Mendoza, estratégicamente ubicada con acceso a un manantial perenne, era particularmente valiosa.

Sin embargo, según los testigos, la negativa había sido firme pero pacífica. Los estados de cuenta de la pareja revelaron una situación modesta pero estable. No había deudas ni movimientos sospechosos. La hipótesis de una fuga planeada se debilitó.

Surgió la pista de una camioneta oscura vista cerca de la propiedad semanas antes, pero nunca fue identificada. Las coartadas de los tres hijos eran sólidas. Dos semanas después, lluvias torrenciales azotaron la región, dificultando las búsquedas y borrando cualquier posible evidencia externa. “La naturaleza no colaboró”, lamentó un investigador.

Los meses se convirtieron en años. El caso se enfrió. En 2007, la familia solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), que revisó el caso pero no logró avances significativos. La hipótesis de un “crimen perfecto” comenzó a tomar fuerza.

Para la familia, la vida se convirtió en un limbo doloroso, una herida abierta que resuena con la tragedia nacional de los desaparecidos. Carlos dejó su empleo para administrar la milpa y cuidar de Pedro. Ana, tras graduarse, también regresó. Juntos, presionaron a las autoridades, mientras el caso se convertía en una leyenda local, con teorías que iban desde huidas para cruzar al “otro lado” (EE.UU.) hasta ajustes de cuentas.

El horno donde María hacía sus memelas permaneció intacto, un monumento silencioso al día en que todo cambió. “Vivo en un limbo”, dijo Pedro en una entrevista en 2018. “No sé si debo llorar su partida o esperar su regreso. No tener un cuerpo, no saber qué pasó… es una tortura”.

El giro de 2019: La máquina que ve bajo tierra
En enero de 2019, 13 años después, un nuevo fiscal, el Inspector Andrés Montes, fue asignado a la región. Montes, con experiencia en casos complejos y una nueva unidad de “búsqueda de larga data”, decidió revisar los expedientes sin solución. El caso Mendoza llamó su atención. “Percibí algunas incongruencias en los informes iniciales”, explicó.

Decidió aplicar nueva tecnología. Una de sus primeras acciones fue llevar un Georradar a la propiedad de los Mendoza. Este equipo permite detectar anomalías en el subsuelo sin excavar. “Decidimos comenzar por la propiedad… estadísticamente, las respuestas a menudo están más cerca de lo que imaginamos”, dijo Montes.

El 23 de febrero de 2019, la máquina emitió una alerta. Justo debajo del antiguo horno de leña de María. “El equipo indicó una cavidad no natural, aproximadamente 1.5 metros bajo la base del horno”, informó el técnico responsable.

Con autorización judicial y la presencia atónita de los hijos, la excavación comenzó. Tras retirar la estructura del horno, los investigadores cavaron. A 1.7 metros, encontraron lo que parecía ser una antigua cisterna o pozo ciego, cubierto de tierra, piedras y, finalmente, por la base del horno.

Dentro, estaba la respuesta al misterio de 13 años: restos óseos humanos pertenecientes a dos individuos. Junto a ellos, fragmentos de tela que coincidían con la ropa que José Ángel y María Guadalupe vestían el día que desaparecieron. Retazos de una camisa de manta y de un vestido floreado. “Fue un momento de profunda conmoción y, paradójicamente, de alivio. Después de 13 años, finalmente teníamos una respuesta concreta, aunque terrible”, relató el Inspector Montes.

Los análisis de ADN confirmaron las identidades. El análisis forense reveló la verdad: ambos presentaban fracturas en el cráneo compatibles con golpes contundentes. Había sido un desenlace violento. La cavidad, además, había sido preparada con antelación, con paredes reforzadas. Fue premeditado.

La verdad emerge: La codicia del cacique
La investigación ya no era sobre una desaparición, sino sobre un doble homicidio calificado y ocultamiento de restos. Y entonces, la pieza clave apareció.

En marzo de 2019, Sebastián López, un jornalero que había trabajado brevemente para José Ángel en 2006, se presentó voluntariamente. Aterrado durante 13 años, la noticia del hallazgo le dio el valor para hablar. Relató que, dos semanas antes de la desaparición, vio a José Ángel discutiendo tensamente con tres hombres en la milpa. Uno era el hacendado Ernesto del Valle. Los otros dos, sus “empleados de confianza”, Claudio Romero y Jorge Gutiérrez.

Del Valle, el mismo hombre que quería comprar las tierras, fue puesto bajo investigación intensiva. Se descubrió que en 2006 estaba expandiendo agresivamente su plantación de agave, y la finca de los Mendoza era “esencial” para un proyecto de irrigación desde el manantial.

La policía identificó y arrestó a Romero y Gutiérrez. Confrontados por separado, sus historias se derrumbaron.

Confesaron. El plan original, dijeron, era solo “asustar” a la pareja para que vendieran. Del Valle estaba obsesionado con esa tierra. Pero la mañana del 23 de marzo de 2006, la intimidación se salió de control. José Ángel reaccionó a las amenazas, defendiendo su herencia. La discusión escaló. “Jorge perdió la cabeza y golpeó a Don José con su propia azada”, confesó Claudio.

María Guadalupe, desde la puerta de la cocina, lo vio todo. Gritó que llamaría a la policía, que los reconocía. “No teníamos elección”, dijo Jorge. La silenciaron de la misma manera.

Aterrorizados, llamaron a Del Valle. El cacique, según ellos, ordenó que se deshicieran de los cuerpos de manera que nunca fueran encontrados. Fue Jorge, que conocía la propiedad, quien recordó la vieja cisterna seca bajo el sitio del horno. Los tres hombres trabajaron horas, profundizando el pozo, depositando allí a la pareja y reconstruyendo cuidadosamente el horno por encima, terminando justo antes de que Pedro regresara de la escuela.

Ernesto del Valle fue arrestado en su hacienda. Negó todo, alegando una conspiración de sus empleados. Pero las pruebas eran abrumadoras. Registros telefónicos confirmaron las múltiples llamadas ese día. Documentos en su hacienda detallaban el plan para adquirir las tierras. Y, lo más contundente, su excontador testificó que Del Valle le hizo falsificar las firmas de José Ángel y María Guadalupe en documentos de compraventa poco después de la desaparición, alegando que la pareja “se había ido a Estados Unidos”.

Justicia y legado contra la impunidad
El juicio, en mayo de 2020, fue emblemático en Oaxaca. Ernesto del Valle fue condenado a 42 años de prisión como autor intelectual. Claudio Romero y Jorge Gutiérrez recibieron penas de 38 años cada uno.

“Finalmente podemos darles cristiana sepultura a nuestros padres”, declaró Ana tras la sentencia. “Pero nada llenará el vacío de estos 13 años de incertidumbre y dolor”.

La tragedia de José Ángel y María Guadalupe se convirtió en un catalizador de cambio. En noviembre de 2020, se aprobó la “Ley José y María” en Oaxaca, estableciendo protocolos para la búsqueda inmediata de personas desaparecidas, sin necesidad de esperar 24 o 72 horas. El caso se convirtió en un modelo de estudio sobre cómo la tecnología y la perseverancia pueden combatir la impunidad en casos de larga data.

Ernesto del Valle falleció en prisión en 2023. Los hijos de la pareja transformaron su dolor en propósito. Pedro se convirtió en abogado y trabaja como defensor de derechos humanos, especializándose en conflictos agrarios y defensa de comunidades indígenas. Ana es psicóloga y trabaja con colectivos de familiares de desaparecidos. Y Carlos, el mayor, mantuvo la milpa y transformó parte de la tierra en el “Memorial José y María”, un espacio dedicado a la resistencia campesina.

El caso expuso la brutal realidad de los conflictos por la tierra en México. Pero también demostró que, por más profundamente que se entierre un secreto, incluso bajo un horno usado a diario, la verdad, con perseverancia, eventualmente encuentra el camino hacia la luz.